Una Fiscalía Anticorrupción debería destacar por sus investigaciones, sus resultados y su capacidad para fortalecer la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Sin embargo, en Chihuahua, la conversación pública alrededor de la Fiscalía Anticorrupción ha seguido un camino distinto.
Durante los últimos años, la institución encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín se ha visto envuelta en una sucesión de controversias que han colocado bajo cuestionamiento no solamente algunas de sus actuaciones, sino también la percepción de independencia que debería caracterizar a un organismo de esta naturaleza. Lo que comenzó como un debate sobre su nombramiento terminó transformándose en una discusión mucho más profunda sobre la legitimidad institucional de la Fiscalía.
Desde su llegada al cargo, diversos actores políticos han insistido en que la dependencia debe demostrar permanentemente que sus decisiones se encuentran alejadas de cualquier interés partidista. La razón es sencilla: una Fiscalía Anticorrupción no puede permitirse operar bajo la sombra de la duda.
Sin embargo, esa sombra ha acompañado buena parte de la gestión de Valenzuela. Los conflictos relacionados con expedientes de alto perfil, las confrontaciones con autoridades federales y los desacuerdos jurídicos que alcanzaron tribunales nacionales alimentaron una percepción de tensión constante alrededor de la institución. Cada nuevo episodio parecía profundizar una discusión que nunca terminó de resolverse: si la Fiscalía cuenta con la autonomía necesaria para actuar sin condicionamientos políticos.
El caso Javier Corral se convirtió en el ejemplo más visible de esta situación. Lo que inicialmente parecía una investigación relevante terminó derivando en una batalla institucional que expuso diferencias profundas entre autoridades estatales y federales. Las acusaciones cruzadas, los litigios y la atención mediática nacional colocaron a la Fiscalía en el centro de una tormenta política que continúa proyectando efectos hasta el presente.
Para muchos observadores, el problema ya no radica únicamente en los casos que investiga la dependencia, sino en la percepción que ha construido alrededor de sí misma. Una institución diseñada para generar confianza enfrenta ahora el reto de explicar constantemente su actuación frente a sectores que mantienen dudas sobre su independencia.
La consecuencia es un desgaste institucional evidente. Cada decisión se analiza bajo una lógica política. Cada movimiento genera sospechas. Cada expediente se convierte en motivo de confrontación pública. Esa es quizá la mayor paradoja de la gestión de Abelardo Valenzuela. Mientras la Fiscalía fue creada para combatir la desconfianza que genera la corrupción dentro del aparato gubernamental, hoy enfrenta el desafío de recuperar la confianza en su propia actuación.
Y en materia de instituciones públicas, pocas crisis resultan más difíciles de resolver que aquellas relacionadas con la credibilidad. Porque cuando la confianza comienza a erosionarse, ningún discurso oficial es suficiente para reconstruirla por sí solo.