El escándalo que estremece a la planta de Fugra en Lerma no es un hecho aislado, no es el error de un mal delegado ni una simple falta administrativa. Es el síntoma de un modelo sindical podrido hasta los cimientos, donde la representación obrera se ha convertido en un negocio familiar, una maquinaria de extracción de recursos y un mecanismo de control que utiliza el miedo como principal herramienta de gestión. El caso de Carlos Gamboa, el exdelegado sorprendido robando botas y equipo de seguridad para venderlo en el mercado negro, es apenas la punta del iceberg de una estructura que COREMEX y su líder, Miguel Meneses, han perfeccionado durante años en el Estado de México.
La indignación de los trabajadores es más que justificada, pero lo que debería encender todas las alarmas es la respuesta —o más bien la ausencia de respuesta— de la dirigencia sindical. Mientras los empleados exigen saber qué pasó con sus cuotas, quién ocupará el puesto vacante y cómo se garantizará que esto no vuelva a ocurrir, Miguel Meneses se refugia en el silencio. Y ese silencio, lejos de ser prudente, es profundamente revelador. Revela que COREMEX no tiene una estrategia de comunicación, no tiene un plan de contingencia y, lo más grave, no tiene un compromiso real con los trabajadores a los que dice representar. Si Meneses y su cúpula no pueden dar la cara en el momento más crítico, ¿para qué sirven?
Pero hay que ser precisos: no se trata solo de un problema de comunicación o de transparencia. Se trata de una lógica de funcionamiento. COREMEX, como muchas organizaciones sindicales en México, ha operado bajo un modelo que privilegia el control sobre la representación, la extracción de cuotas sobre la defensa de derechos y la lealtad a la dirigencia sobre la rendición de cuentas. Los trabajadores denuncian que en la zona de Lerma se han utilizado amenazas de despido para forzar afiliaciones, que se ha silenciado a quienes se atreven a cuestionar y que se ha creado una red de complicidades donde el robo de equipo de seguridad es solo una manifestación más de una cultura de impunidad.
El caso de Gamboa es paradigmático porque expone una contradicción central: el delegado sindical, cuyo rol teórico es proteger la integridad de los trabajadores, era precisamente quien les robaba el equipo que los protegía. No se trata de un robo menor. Las botas, cascos y arneses no son accesorios; son elementos de seguridad que pueden significar la diferencia entre un accidente leve y una lesión permanente o la muerte. Cuando Gamboa se llevaba ese equipo, no solo se llevaba un objeto, se llevaba la seguridad de sus compañeros, su salud y potencialmente su vida. Y lo hizo durante meses, impunemente, hasta que fue descubierto. ¿Dónde estaba COREMEX mientras esto ocurría? ¿Dónde estaban los mecanismos de supervisión y control?
Los trabajadores han hecho una pregunta que debería ser central en cualquier análisis: si el delegado les robaba el equipo a la vista de todos, ¿qué no haría con las cuotas sindicales que nadie ve, que nadie fiscaliza y que se descuentan directamente de sus salarios? La respuesta es evidente: el dinero de las cuotas ha sido desviado, malversado y utilizado para financiar los lujos de la dirigencia, como la camioneta que ahora presume Gamboa. Pero el problema no es Gamboa, es el sistema que lo permitió. Es la falta de auditorías, la opacidad en el manejo de recursos y la ausencia de rendición de cuentas que caracterizan a COREMEX.