Desde hace un año el gobernador José Ignacio Peralta planteó la construcción del Libramiento Ferroviario de Colima, el cual beneficiaría a los ciudadanos de ese estado con la reducción de accidentes y tiempos de tránsito en la convivencia urbano-ferroviaria; así como el flujo de mercancías del puerto de Manzanillo y al concesionario Ferromex.
Bajo este escenario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invertirá 10,444,807 pesos en los estudios de preinversión para la construcción de este libramiento que podría representar una inversión de más de 2,000 millones de pesos, con el que “se desea mejorar el bienestar de las personas, las vías generales de comunicación ferroviarias y la eficiencia de este medio de transporte en beneficio del desarrollo de la nación”.
De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de la SCT, el proyecto consiste en la reubicación de 26.7 kilómetros de vías en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez debido a problemáticas que se enfrentan, como la congestión vehicular cuando atraviesa el ferrocarril, mayores costos de operación para ambos modos de transporte, mayores tiempos de traslados de mercancías por la disminución de la velocidad del tren en zonas urbanas, arrollamientos de vehículos y pérdidas de vidas humanas, entre otras.
Con base en la Ficha Técnica del proyecto, el tren se inserta en el corredor Irapuato-Manzanillo y por el tramo donde se pretende realizar el libramiento el ferrocarril realiza en promedio 6 viajes diarios, cuya velocidad antes de entrar a la zona urbana es de 80 km/hr, mismos que se reducen a 30 km/hr cuando atraviesa dicha zona, en un tiempo que puede superar los 38 minutos. Si el ferrocarril realiza maniobras en el patio interno de la zona urbana, el tiempo sube 10 minutos.
Bajo este escenario, se prevé que esta infraestructura libre 19 cruces a nivel, por lo que los estudios que realiza la SCT contemplan el Plan Maestro del proyecto, el estudio de demanda, el estudio de ingeniería básica y anteproyecto, estudio del impacto social e impacto arqueológico, estudio de liberación de derecho de vía, análisis costo-beneficio; y, estudio de factibilidad ambiental.
Según la dependencia, los resultados de estos estudios, que deberán estar listos a finales de 2020, permitirán contar con una base sólida para preparar la evaluación socioeconómica en una siguiente etapa.
Fuente: T21