Trabajadores cuestionan la presunta permanencia de Carlos Gamboa dentro de la estructura sindical pese a los señalamientos por el supuesto robo de material de seguridad en FUGRA Lerma. Las dudas alcanzan a Miguel Meneses y alimentan las exigencias de una auditoría sobre el manejo de las cuotas sindicales.

El caso Carlos Gamboa está lejos de terminar para COREMEX. Lo que inicialmente parecía una controversia concentrada en FUGRA Lerma comienza a convertirse en un problema mayor para la dirigencia de Miguel Meneses, especialmente ante versiones de que el exdelegado continuaría teniendo presencia dentro de la estructura sindical.

La pregunta entre los trabajadores es directa: ¿por qué COREMEX mantendría dentro de su organización a una persona señalada por presuntamente apropiarse de material destinado a la seguridad de los propios empleados?

Las acusaciones contra Gamboa deben ser acreditadas ante las instancias correspondientes y no pueden considerarse delitos comprobados únicamente a partir de señalamientos internos. Sin embargo, para trabajadores inconformes resulta difícil entender que, después de una controversia de esa magnitud, no exista información clara sobre su situación actual dentro del sindicato.

Y precisamente ahí comienza el problema para Miguel Menese, porque si Gamboa ya no pertenece al comité, consideran los inconformes, COREMEX debería demostrarlo y terminar con las especulaciones. Pero si efectivamente conserva un cargo, funciones o beneficios dentro de la organización, la dirigencia tendría que explicar públicamente por qué tomó esa decisión.

¿Quién decidió mantenerlo? ¿Qué cargo ocupa actualmente? ¿Recibe algún pago? ¿Ese dinero proviene de las cuotas de los trabajadores?

La ausencia de respuestas ha provocado que las dudas alrededor de Gamboa se mezclen con una inconformidad mucho más profunda sobre la administración de COREMEX.

Cada quincena, los afiliados aportan recursos para sostener la representación sindical. Sin embargo, trabajadores críticos aseguran que existe poca claridad sobre el destino final de esas aportaciones y reclaman acceso a estados financieros, informes sobre gastos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Por ello, el caso Gamboa está alimentando una exigencia cada vez más concreta: una auditoría integral a las finanzas de COREMEX.

Los trabajadores quieren conocer cuánto dinero ingresa mediante cuotas, cuánto se destina al funcionamiento del sindicato, quiénes reciben remuneraciones y bajo qué conceptos se realizan esos pagos.

El reclamo adquiere todavía mayor relevancia después del revés electoral sufrido por COREMEX en Lerma. Para algunos trabajadores, ese resultado debería interpretarse como una advertencia sobre el deterioro de la confianza en la organización.

La base, sostienen, ya no estaría dispuesta a respaldar automáticamente una estructura únicamente porque se presenta como representante de los trabajadores, ahora exige resultado, y exige cuentas.

También han circulado acusaciones sobre supuestas presiones, cobros irregulares y mecanismos utilizados para conservar influencia entre los trabajadores. Son señalamientos graves que necesitan pruebas antes de considerarse hechos y que, de existir elementos suficientes, correspondería investigar a las autoridades competentes.

Miguel Meneses enfrenta por ello una decisión que podría determinar buena parte del futuro reputacional de COREMEX.

Puede transparentar la situación de Gamboa, abrir las cuentas del sindicato y explicar cómo funciona su estructura interna, o permitir que continúe creciendo entre los trabajadores la percepción de que determinadas personas reciben protección independientemente de los señalamientos existentes en su contra.

El caso tiene además una carga especialmente sensible.

El material que Gamboa habría sustraído, según las acusaciones, estaba relacionado con la seguridad de los trabajadores. Por eso, para quienes cuestionan su permanencia, no se trataría simplemente de un conflicto administrativo o personal, sino de una posible afectación directa a quienes COREMEX tiene precisamente la responsabilidad de representar.

si COREMEX asegura defender los intereses de los trabajadores, ¿por qué no aclara de una vez por todas si continúa protegiendo o manteniendo dentro de su estructura a una persona señalada por presuntamente perjudicarlos?