A pesar de que Colima suma al menos mil 200 personas afectadas por crímenes, acreditadas por la Comisión Estatal para la Atención de las Víctimas de la Violencia (CEAVV), ninguna de ellas ha recibido apoyo económico alguno desde que esta instancia fue creada, en 2013.

El organismo contó con un presupuesto operativo de 451 mil 248 pesos en 2021 y con un fideicomiso para reparación de daños por un millón de pesos desde 2017, pero estuvo sin fondos hasta 2018.

Ese año, la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin), a cargo de Carlos García Noriega, transfirió 3 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018. Desde entonces el fondo no ha recibido ninguna aportación adicional y se mantuvo con poco más de 3 millones de pesos hasta julio de 2021.

Lo anterior se desprende de un oficio girado a la entonces presidenta de la Comisión Ejecutiva para la Atención a las Víctimas, Indhira Vizcaíno Jiménez, para conformar el fideicomiso y realizar los pagos correspondientes, “con la finalidad de que no se sigan acumulando en esta secretaría los recursos asignados al Fondo o de que pudiera ponerse en riesgo su viabilidad ante una contingencia que hiciera necesario y legalmente procedente aplicar los recursos en otros rubros de mayor urgencia o jerarquía”, refiere el comunicado.

Añade: “Con esta fecha se hizo la transferencia al Fideicomiso del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral del Estado de Colima, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, identificado con el número 19928, la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m. n.) acumulados de los mencionados ejercicios fiscales”.

Rafael Galindo Martínez, a quien en 2013 varios policías le destrozaron una rodilla, recibió la acreditación como víctima en 2015, y es la única persona que ha obtenido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que las instituciones de Colima le reparen el daño.

Sin embargo, la CEAVV desconoció las resoluciones tanto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), contenida en la recomendación 02/2015, como la de la propia CNDH.

“Mi asunto sigue en curso. Me deben cerca de 3.5 millones de pesos por gastos ocasionados por los perjuicios, que yo tengo acreditados con facturas y comprobantes de gastos, aunque el daño moral no ha sido calculado”, expuso Galindo Martínez.

Agregó que en 2017 la CEAVV le ofreció 140 mil pesos para concluir su queja, pero rechazó ese monto.

Sostuvo que la CEAVV no cuenta ya con director, sino sólo con un encargado, pero no hay atención ni acompañamiento a las nuevas víctimas. Sólo trabajan dos abogados que ni siquiera pueden acompañarlo a las audiencias de control.

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“Por ejemplo, en caso de un homicidio, el Ministerio Público puede reconocer calidad de víctimas a los familiares y dar vista a la CEAVV para que implemente medidas preventivas como gastos funerarios y ayuda sicológica a los familiares, pero nada de eso pasa a pesar de estar obligados por ley”.

Denunció que, en su momento, el entonces gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez (2016-2021), quiso apoyar en 2020 a una sola víctima y entregarle todos los fondos del fideicomiso. Por tal motivo renunciaron los encargados de la CEAVV y se paralizó la institución.

“Era una simulación. La supuesta víctima no estaba ni acreditada y le quisieron pagar todo el dinero del fondo. Los entonces titulares no quisieron prestarse a la maniobra y renunciaron”, señaló Rafael Galindo.

Apolonio Núñez, primera víctima registrada en 2015, quien sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en un hospital varios meses, continúa peleando una indemnización.

“No he obtenido sentencia del hecho victimizante. Se acusa al gobierno del estado, al ayuntamiento de Cuauhtémoc y a la dirección de tránsito del municipio de Colima por mi caso”, expuso.

La denuncia es por más de un millón de pesos por gastos hospitalarios y de rehabilitación, e interpuso una queja ante la CDHEC.

“La CEAVV y la CDHEC dieron por cumplida la recomendación en 2017; sin embargo, no había fideicomiso, pues éste se constituyó el 23 de diciembre de 2018 y se integró con fondos en 2019. ¿Cómo pudieron cumplir entonces la recomendación en 2017?”, acusó Núñez.

Se intentó obtener respuesta con las autoridades de la CEAVV sobre lo aquí expuesto; no obstante, en sus dos líneas telefónicas no contestan, su cuenta de Twitter está inactiva desde 2018 y no existe cuenta en Facebook.

Fuente: La Jornada