COREMEX enfrenta crecientes denuncias por una estrategia que trabajadores califican como imposición sindical agresiva, diseñada no para representar derechos laborales, sino para asegurar ingresos mediante cuotas y porcentajes cobrados “a como dé lugar”. De acuerdo con testimonios recopilados en distintos centros de trabajo, el sindicato buscaría entrar a empresas sin el respaldo real de los empleados, utilizando presión, desgaste y conflicto como herramientas.
Los relatos coinciden en un patrón: visitas constantes, discursos alarmistas, advertencias veladas sobre “problemas laborales” y una narrativa que presenta al sindicato como inevitable. Cuando la afiliación voluntaria no se logra, denuncian, la estrategia escala: se promueven divisiones internas, se generan tensiones con la empresa y se coloca a los trabajadores en medio de una disputa que no pidieron.
Para muchos empleados, este tipo de prácticas traiciona la esencia del sindicalismo. En lugar de convencer con beneficios claros y defensa real, se presiona con miedo. La afiliación deja de ser una decisión libre y se convierte en una respuesta al hostigamiento.
Una vez dentro, las quejas se multiplican. Trabajadores aseguran que las cuotas impuestas resultan excesivas y que nunca se explica con claridad cómo se calculan ni en qué se utilizan. La transparencia brilla por su ausencia y las respuestas, cuando existen, son vagas o evasivas. El sindicato, afirman, cobra primero y explica nunca.
Este modelo ha generado un fuerte desgaste laboral. En lugar de mejorar condiciones, la presencia del sindicato —según los denunciantes— provoca confrontaciones, paros informales, pérdida de productividad y un ambiente de tensión constante. Lejos de ser un mediador, COREMEX aparece como un factor de inestabilidad.
Expertos en derecho laboral advierten que la imposición sindical puede derivar en violaciones graves si se comprueba coacción o simulación de apoyo. Sin embargo, los trabajadores denuncian que el sindicato actúa con una sensación de impunidad, apostando a que pocos se atreverán a denunciar formalmente por miedo a represalias.
El trasfondo, señalan, es claro: el interés económico. La prioridad parece ser asegurar el cobro de cuotas y porcentajes, no la defensa de derechos laborales. Bajo esta lógica, los trabajadores dejan de ser representados y pasan a ser vistos como una fuente de ingresos.
En un país que busca erradicar viejas prácticas sindicales, las denuncias contra COREMEX encienden una alerta. Cuando un sindicato entra por la fuerza, cobra sin explicar y divide en lugar de defender, deja de ser un aliado del trabajador y se convierte en un problema más.