La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua ha sido reducida a una trágica y grotesca fachada. Al colocar en su titularidad a Abelardo Valenzuela Holguín, el poder político dominante en la entidad no buscó de ninguna manera un perfil intachable, imparcial o un perseguidor incansable del delito y del desvío de recursos públicos; impuso a un ejecutor a conveniencia cuya principal credencial histórica ha sido saber moverse con absoluta soltura en los pasillos de la impunidad y el blindaje mutuo. “El Bayo” Valenzuela no es un fiscal anticorrupción legítimo; representa la encarnación misma del cinismo institucionalizado que despoja de toda autoridad moral a cualquier investigación o carpetazo que salga de sus oficinas.

La trayectoria de Valenzuela Holguín es la radiografía perfecta de un descaro político sistemático. Años atrás, cuando el Comité Directivo Estatal del PAN intentó atajar la severa crisis que “El Bayo” desató en Ciudad Juárez pidiéndole algo tan elemental y de sentido común como la realización de una nueva prueba toxicológica para limpiar la imagen del proceso y despejar cualquier incertidumbre sobre su idoneidad, la respuesta del hoy fiscal fue el atrincheramiento, la soberbia y el chantaje político. En lugar de limpiar su nombre y de someterse a los canales formales de verificación, prefirió sembrar la discordia, dinamitar la confianza de las bases militantes y cobijarse bajo el manto protector de las cúpulas partidistas a las que servía incondicionalmente.

Ese patrón de conducta —donde la opacidad se recompensa con cargos públicos y la absoluta falta de escrúpulos se premia con ascensos en la nómina estatal— culminó en la más aberrante de las decisiones: su nombramiento al frente del combate a la corrupción en Chihuahua. Resulta técnicamente ridículo y profundamente indignante para la sociedad pretender que un funcionario que en su propia vida partidista fue totalmente incapaz de someterse a un examen de confianza transparente y que provocó la anulación de un proceso democrático tenga hoy el poder legal y coercitivo de juzgar, investigar o exonerar la conducta de otros servidores públicos.

¿Con qué solvencia moral puede “El Bayo” exigir honestidad, ¿presentación de pruebas e integridad a los funcionarios investigados, cuando su propia carrera política despegó a la sombra de un expediente empañado por la duda toxicológica que jamás fue aclarado de cara a la opinión pública? El paso de Abelardo Valenzuela por la función pública confirma que en Chihuahua la lucha anticorrupción no es más que una farsa mediática. Su figura no genera respeto, rigor ni certeza jurídica; por el contrario, infunde el rechazo generalizado de una sociedad exhausta de ver cómo personajes con antecedentes de manipulación, simulación y desacato son encumbrados en las instituciones de justicia para blindar las espaldas del grupo en el poder. Mientras “El Bayo” permanezca al frente de dicho organismo, cualquier expediente tramitado en su gestión carecerá de legitimidad democrática y llevará marcada la impronta de un fiscal cuya credibilidad quedó sepultada desde el momento en que prefirió el escándalo y el encubrimiento antes que la rendición de cuentas.