En el estado de Colima, de 2011 a 2022 fueron abiertas un promedio de 60 carpetas de investigación al año por robo de material metálico en instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas, en infraestructura urbana o agrícola; pese a que desde 2011 el Congreso local aumentó las penas por este delito, los índices no han disminuido.
En 2011, a propuesta de diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, se reformó en Colima el artículo 227 del Código Penal para considerar grave este delito y establecer un castigo de hasta 15 años de prisión para quien lo cometa.
Desde entonces, las autoridades cuentan con un registro de 60 denuncias al año, periodo en el que la fiscalía estatal informó de dos vinculaciones a proceso a personas detenidas en 2022 por incurrir en esa falta.
El primer caso ocurrió en mayo del año pasado, cuando un hombre fue aprehendido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) por llevarse cables de cobre de una torre de telecomunicaciones ubicada en el libramiento sur de la capital del estado.
En julio pasado, un individuo ingresó a una casa-habitación de la colonia Niños Héroes en la ciudad de Colima para tratar de extraer materiales metálicos y fue capturado en flagrancia por elementos de la PEP. Ambos sujetos permanecen en prisión preventiva, en espera del fallo del juez.
La comercialización de este tipo de materiales robados también está penada; sin embargo, existen lugares de compra de chatarra y reciclaje en diversos puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez donde se adquiere hasta en 90 pesos el kilogramo.