COLIMA, Col. (apro). – Este domingo 20 de septiembre, fecha en que cumplió 24 años de edad, María Herlinda –quien tenía varios meses de embarazo– fue asesinada a puñaladas en la comunidad indígena de Suchitlán, perteneciente al municipio de Comala.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha difundido información oficial sobre los hechos, en las redes sociales circularon versiones en el sentido de que el crimen habría sido cometido por la expareja de la víctima, quien se encontraría prófugo.

A pesar de que hace más de tres años, el 20 de junio de 2017, se emitió la Alerta de Violencia de Género en Colima, “es una situación muy grave la que estamos viviendo en materia de violencia contra las mujeres”, advirtió Carmen García García, representante en el estado del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).

En el caso de María Herlinda, dijo, “era una mujer joven, embarazada, y lo que se ha sabido extraoficialmente es que ella ya había denunciado ante autoridades que esa persona la estaba amenazando y violentando”.

El asesinato de la mujer, añadió García García en entrevista, “ha mostrado una vez más que las autoridades están rebasadas”, pues no están haciendo la prevención de la violencia hacia las mujeres, pero tampoco están prestando la atención debida a los casos.

“Esto es como un estado de terror; es terrible, no tengo palabras para describir el que haya tanta impunidad; cada vez estoy más indignada, molesta, me siento más impotente, enojada, preocupada y triste porque no hemos podido avanzar en estas demandas que tenemos las mujeres con el Estado para que pueda prevenirse la violencia, que se atienda a las víctimas oportunamente para que no se afecte su vida ni su salud y para que se haga justicia cuando el Estado falló y ya no pudo garantizar la vida de las mujeres”

Así también, consideró que la sociedad es muy indolente, pues “matan cada vez a más mujeres, las desaparecen y como sociedad no estamos exigiendo a las autoridades que cumplan con los mandatos para los que están ahí en las instituciones”.

Precisó que la AVG no es un mecanismo que esté mal o que no funcione, sino que “aquí lo que no funciona son las autoridades, eso debe quedar muy claro, porque luego hay un pretexto de los funcionarios diciendo de una manera muy cínica que la Alerta no sirve, que las normativas y las instituciones que se han hecho para ello no sirven, pero no, las instituciones, las políticas públicas y las normas sí sirven, quienes no están respondiendo a los mandatos son las autoridades, lo que no sirve son las acciones de simulación, porque a final de cuentas la realidad es que no les importa la vida de las mujeres”.

Carmen García advirtió que desde 2016 en que Colima se colocó en los primeros lugares de la tasa de asesinatos de mujeres en el país, no se ha detenido la violencia contra este sector de la población, que año tras año ha mostrado una tendencia creciente.

Pese a esta situación, señaló la representante del ONCF, no existen investigaciones serias de los asesinatos de mujeres en Colima, dado que “se sigue culpando a las mujeres de que nos violen, de que nos asesinen o de que nos golpeen, siempre tenemos la culpa, porque andaba vestida así, porque trabajaba en tal lugar; ese discurso de las autoridades y se las instituciones siempre es preguntar qué estaba haciendo la víctima”.

García expuso que cuando una mujer es asesinada, al Estado ya le fallaron todas sus políticas públicas, pues de entrada ya no pudo prevenir ni proteger la vida de una mujer, como fue el caso de María Herlinda, cuyo presunto agresor se encuentra prófugo, lo que añade otras omisiones que muestran una política pública fallida.

A juicio de la activista, el Estado de Colima se encuentra en deuda con las mujeres, esto es, todas las autoridades de todos los niveles, porque no es asunto de una sola autoridad, es de todo un sistema, es una responsabilidad de todos y todas.

En relación con el bajo porcentaje de asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios, dijo que es necesario insistir al respecto con las autoridades porque durante más de un año se trabajó en Colima uno de los mejores protocolos para la investigación del feminicidio que hay en el país.

“Mientras que no se detengan los asesinatos de mujeres y no haya acceso a la justicia de las víctimas, se va dando una escalada de negligencia y omisiones de las autoridades, lo que genera un contexto de impunidad y permisividad, donde a las mujeres en Colima se les puede golpear, violar y privar de la vida”, puntualizó.

Fuente: Proceso