La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua nació con la promesa de convertirse en uno de los principales instrumentos para combatir la corrupción dentro del servicio público. Su función era clara: investigar posibles irregularidades sin importar quién estuviera involucrado y actuar como un contrapeso frente al poder político. Sin embargo, con el paso del tiempo, la conversación pública ha tomado un rumbo muy distinto al que originalmente justificó su existencia.

Hoy, una parte importante de la atención ya no está centrada en los expedientes que investiga la institución, sino en las controversias que rodean a quien la encabeza: Abelardo Valenzuela Holguín.

Desde su nombramiento en diciembre de 2022, el fiscal ha estado acompañado por cuestionamientos relacionados con su designación, sus antecedentes políticos y la percepción de cercanía con actores del poder estatal. Lo que para algunos fue una elección legítima dentro del marco legal, para otros representó el inicio de una etapa marcada por dudas sobre la autonomía de la dependencia.

La situación se volvió especialmente delicada porque la independencia constituye el principal activo de cualquier Fiscalía Anticorrupción. Cuando una institución de esta naturaleza enfrenta cuestionamientos constantes sobre su imparcialidad, el problema deja de ser exclusivamente político y comienza a afectar su credibilidad ante la ciudadanía.

Con el paso de los años, las polémicas no desaparecieron. Por el contrario, diversos episodios contribuyeron a mantener viva la discusión. El más visible fue el relacionado con las investigaciones contra el exgobernador y actual senador Javier Corral. Lo que debía resolverse en el ámbito jurídico terminó derivando en una confrontación entre autoridades estatales y federales que colocó a la Fiscalía Anticorrupción en el centro de la discusión nacional.

Mientras la dependencia defendía la continuidad de las investigaciones, sus críticos argumentaban que la actuación institucional generaba dudas sobre la imparcialidad con la que se conducían los procedimientos. El conflicto terminó alimentando una percepción de polarización que sigue acompañando a la institución.

Posteriormente llegaron nuevos desacuerdos jurídicos, disputas competenciales y resoluciones judiciales que reforzaron la imagen de una Fiscalía constantemente involucrada en controversias. Cada nuevo episodio parecía profundizar una pregunta que sigue sin desaparecer completamente de la conversación pública: ¿es la Fiscalía Anticorrupción una institución percibida como plenamente independiente?

El problema es que una dependencia creada para vigilar la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana no puede darse el lujo de convivir permanentemente con dudas sobre su propia credibilidad. Cuando las polémicas alrededor de sus dirigentes generan más atención que los resultados institucionales, inevitablemente se produce un desgaste.