El 10 de diciembre de 2021, una joven de 18 años acudió al Hospital Materno-Infantil del municipio de Villa de Álvarez, habló con el personal médico y solicitó un aborto. Ella había tomado la decisión de interrumpir su embarazo de manera voluntaria y sin más motivos que la decisión sobre su cuerpo.

La joven fue canalizada al Hospital Regional Universitario, donde le proporcionaron misoprostol para llevar a cabo su interrupción. Este fue el primer caso de aborto voluntario, legal y seguro, atendido por una institución de salud pública en el estado de Colima, después de que el 1 de diciembre el Congreso Local había aprobado la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, con una votación compleja de 12 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

En la entidad, a partir de la despenalización del aborto, en el último mes del año pasado, hasta el mes de junio de 2022, se han atendido 145 casos de interrupciones legales del embarazo en los Servicios de Aborto Seguro de las instituciones de salud pública, registrando, además, un claro incremento en el número de servicios otorgados mes tras mes.

En diciembre de 2021 se llevaron a cabo 10 interrupciones del embarazo en hospitales públicos de Colima; para enero de 2022 hubo un aumento a 25; luego descendió a ocho en febrero; para marzo comenzó un incremento sostenido: 20 casos ese mes; en abril fueron 21; en mayo se registraron 28 casos; y en junio se llegó a la cifra máxima: 33 casos. El promedio de servicio otorgados es de 20 abortos por mes.

Analizando los grupos de edad de las pacientes atendidas, la gran mayoría (118 mujeres) tienen 20 años o más; sigue el grupo de de 15 a 19 años, con 25 pacientes; y destaca especialmente el caso de dos mujeres, de entre 10 y 14 años, a quienes se les práctico un aborto en el mes de junio.

Las unidades médicas donde se atendió a las usuarias en los servicios de salud fueron: el Hospital Regional Universitario, de la ciudad capital, con 87 casos; el Hospital Materno Infantil, de Villa de Álvarez, con 52 casos; el Hospital General de Manzanillo, con cuatro casos; así como el Hospital General de Tecomán, son sólo dos casos.

El método utilizado para la atención de las 145 interrupciones legales del embarazo se realizó de la siguiente manera: 77 pacientes fueron manejadas con manejo farmacológico, 64 pacientes manejadas con aspiración manual endouterina y cuatro pacientes requirieron ambos manejos (médico y quirúrgico).

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Las estadísticas oficiales con las que se pueden comparar los 145 abortos en Colima en siete meses, es con los 34 casos de mujeres que, en casi quince años, acudieron a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México –donde desde 2007 se permite esta práctica–.

Desde diciembre en Colima las instituciones de salud están obligadas a dar servicios de consejería médica, psicológica y social a las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo. Ésta se deberá realizar en un término no mayor a cinco días, contados a partir de la solicitud.

Todas las mujeres deberán ser atendidas por los servicios de Salud del estado aunque cuenten con otro servicio de salud público o privado. Además garantiza la interrupción del embarazo ante la objeción de conciencia del personal médico.

La iniciativa, aprobada por las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Salud y Deporte y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, agrega dos circunstancias para el aborto legal fuera del plazo establecido: cuando una autoridad niega el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación y cuando el personal de salud omita informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo. Además, hay mayores penas al aborto forzado. Ahora serán de 3 a 15 años de prisión y multa, mientras que en el Código Penal anterior iban de 5 a 10 años y multa.

Fuente: Milenio